La reforma energética de octubre de 2024 ha sacudido los cimientos del sector energético mexicano, introduciendo un nuevo marco jurídico que redefine la generación, distribución y comercialización de energía, así como la exploración y extracción de hidrocarburos. Francisco J. Valdés López, socio de Sainz Abogados y Decano de la Facultad de Derecho de UNIMEL, explicó los detalles de esta reforma en una reciente master class, arrojando luz sobre los retos y oportunidades que presenta este nuevo panorama.
Uno de los pilares de la reforma es la transformación de las Empresas Productivas del Estado (EPE) en Empresas Públicas, un cambio que va más allá de la mera nomenclatura. Esta transición implica un replanteamiento de la misión de estas entidades, que ahora se centran en garantizar la continuidad y accesibilidad de los servicios energéticos, relegando a un segundo plano la generación de valor económico.
La planeación vinculante de la energía se erige como un instrumento estratégico del Estado, con el objetivo de asegurar la justicia energética y combatir la pobreza energética. Sin embargo, medidas como el control de precios de la energía por debajo de la inflación generan interrogantes sobre su sostenibilidad a largo plazo, especialmente en un contexto de aumento de los costos de producción.
La nueva Ley del Sector Eléctrico redefine la operación del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) y del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), otorgando un papel preponderante a la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Se establece que la CFE deberá inyectar al menos el 54% de la energía a la Red Nacional de Transmisión (RNT) anualmente, lo que limita significativamente la participación de los generadores privados.
La participación privada se circunscribe a tres modalidades: generación distribuida (proyectos de hasta 0.7 MW), autoconsumo (con o sin conexión a la RNT, con permisos de hasta 20 MW) y generación para el MEM, donde la regulación será más estricta y el margen de acción para los inversionistas privados será menor. El acceso a la infraestructura de transmisión y distribución también estará regulado por la CFE, lo que podría obstaculizar la entrada de nuevos actores al mercado.
La Ley de Hidrocarburos también introduce cambios sustanciales. Las asignaciones para exploración y extracción de hidrocarburos se otorgarán principalmente a PEMEX, permitiendo la participación privada solo a través de contratos de servicios o en asociaciones en las que PEMEX tenga al menos el 40% de participación sin aportar capital.
El régimen fiscal de PEMEX se modifica con la introducción de un nuevo derecho petrolero que se paga con tasas fijas, eliminando los incentivos para la eficiencia y la inversión privada. Además, la infraestructura de almacenamiento y transporte por ductos estará regulada para garantizar el acceso público, pero se priorizará la asignación de capacidad a las Empresas Públicas del Estado, restringiendo nuevamente la participación privada.
La reforma energética plantea un entorno desafiante para la inversión privada, pero también abre oportunidades en sectores estratégicos como la generación distribuida, la transición energética y la tecnología de energías limpias. La necesidad de infraestructura y la regulación de precios podrían generar espacios para modelos mixtos de inversión.
Sin embargo, la falta de competencia en el sector podría generar ineficiencias y comprometer la sostenibilidad del sistema a largo plazo. El principal desafío para el Estado será encontrar un equilibrio entre la soberanía energética y la necesidad de inversiones que garanticen un suministro confiable y a precios accesibles.
La reforma energética en México marca un cambio de paradigma hacia un modelo más centralizado y con mayor control estatal. Si bien busca garantizar la seguridad y autosuficiencia energética, también plantea desafíos significativos en términos de competitividad y sostenibilidad. En este nuevo contexto, la planeación estratégica y la adaptación de los actores del sector serán fundamentales para aprovechar las oportunidades y superar los retos que presenta este nuevo marco regulatorio.
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